La Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, doña Carmen Gloria Valladares Moyano, junto al Jefe de la División Electoral don Arturo Lagos Parisi, se reunieron con representantes de la Tesorería General de la República (TGR) para evaluar el estado de avance en el cobro de multas impuestas por el Servicio Electoral en el marco de los procesos electorales desarrollados entre 2016 y 2023.
Por parte de la TGR participaron el Jefe de la División Jurídica, don Juan Pablo Marra; el Jefe de la División de Cobranzas, don Aquiles Jara; y el abogado de la Sección de Asesoría y Estudios Jurídicos, don Rafael Mellado.
Durante el encuentro, se abordó el estado actual de las sanciones aplicadas por infracciones a la Ley N°19.884 Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral y a la Ley N°18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, las cuales han sido ratificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Uno de los temas que generó especial preocupación fue el cobro de multas a beneficio municipal, que enfrenta graves deficiencias en su ejecución. Entre las principales problemáticas detectadas destacan el desconocimiento de los procedimientos por parte de funcionarios municipales, la realización de gestiones tardías que exponen las sanciones a la prescripción, y el uso incorrecto de instancias jurisdiccionales, situaciones que reflejan una falta de capacitación y de recursos en los municipios, situación que compromete la eficacia del sistema sancionatorio electoral en el nivel local.
El propósito central de la reunión fue evaluar la efectividad de los procesos de cobro, tanto de multas a beneficio fiscal como municipal, y coordinar acciones conjuntas para mejorar los niveles de cumplimiento.
Estas sanciones constituyen un pilar del sistema de control institucional del régimen electoral y son esenciales para asegurar el respeto a la normativa vigente. Su no cobro genera un perjuicio económico para el Estado y los municipios, además de minar la credibilidad, legitimidad y capacidad disuasiva del sistema sancionatorio electoral.
